El Supremo de EE UU paraliza las deportaciones de migrantes basadas en una ley de 1798

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La Administración Trump rescató hace semanas la ley del siglo XVIII, que desde su creación sólo había sido utilizada en tres ocasiones, la última en plena Segunda Guerra Mundial, para detener y deportar a indocumentados por la vía rápida. Entre ellos figuran decenas de venezolanos, a quienes acusa de «perpetrar una invasión» de Estados Unidos y pertenecer al Tren de Aragua, la banda con raíces en el país caribeño catalogada como organización terrorista que en los últimos años se ha extendido por territorio norteamericano. Los abogados de varios de los expulsados niegan, sin embargo, los lazos de sus clientes con esa pandilla así como los delitos que se les imputan, y denuncian que la única motivación para echar de EE UU a la mayoría de ellos son sus tatuajes. «Sin previo aviso ni la oportunidad de ser escuchados», denunció la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU).

La asociación decidió presentar el viernes un recurso de emergencia ante el Supremo para frenar la expulsión de otro medio centenar de venezolanos retenidos en Texas ante el temor de que tampoco pudieran pronunciarse para evitar su envío a El Salvador donde, como otros tantos, acabarían en la cárcel de máxima seguridad ideada por el presidente del país latinoamericano, Nayib Bukele, quien recientemente ratificaba su compromiso con la controvertida política migratoria de Trump. «Muchos individuos han sido ya puestos en autobuses, presuntamente dirigidos hacia el aeropuerto», advirtió ACLU en su escrito para justificar la urgencia de paralizar el proceso. «Iban a ser deportados inminentemente», insistió ante el tribunal, que este mismo mes recordaba que cualquier persona en una situación similar debe tener la oportunidad de impugnar judicialmente su salida. También cuando se aplica una ley de 1798.

No se le dio esa opción al salvadoreño Kilmar Ábrego García. Fue deportado en marzo por equivocación y encarcelado en su país. El Supremo ya ordenó a Washington «facilitar» el regreso de este migrante, que vivía en territorio estadounidense bajo un estatus legal protegido desde hacía más de un lustro. La Casa Blanca ha asumido el «error administrativo», pero asegura que no puede dar vuelta atrás a la decisión ya que el afectado se encuentra ahora detenido en El Salvador.