Las sentencias por impagos en el alquiler aumentan cerca de un 30% en el último año en la Región de Murcia

Las estadísticas de evolución de las sentencias judiciales por arrendamientos urbanos, según tipo de arrendamiento y causa del litigio, recogidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), revelan que durante 2024 hubo un total de 415 resoluciones dictadas en procedimientos en este ámbito en la Comunidad, lo que supone exactamente un 28,88% más que las registradas el año anterior, que ascendieron a 322. Y la gran mayoría se corresponden al arrendamiento de vivienda (390), a las que hay que sumar 25 de otros usos distintos, como son los locales comerciales.

La falta de pago de la renta de o de cantidades que se asimilan (incluido finanzas) supone el 82% de los litigios sentenciados, mientras que se contabilizan solo 34 casos por denegación de prórroga a la hora de pagar; y 42 por otros motivos, que incluyen situaciones por subarriendo o cesión inconsentidos, realización de actividades molestas, insalubres o peligrosas, y realización de daños u obras no consentidas, entre otros.

«Esta es una situación que mantiene una constante desde hace más de diez años en cuanto a este incremento de litigios, aunque es cierto que también ha habido años que han disminuido respecto al precedente, pero eso no quita para afirmar que, aún así, el número absoluto cada año es muy alto», señala a LA VERDAD el presidente de la Asociación de Consumidores en Red de la Región de Murcia (Consumur), Roberto Barceló.

Pero más allá de las sentencias que resuelven, por lo que se refiere al total de decretos judiciales de arrendamientos urbanos sobre falta de pago de la renta, los cómputos del CGPJ recogidos en el informe publicado recientemente por el Centro Regional de Estadísticas de Murcia (Crem), revelan que existieron 951 a lo largo de 2024 frente a 822 de 2023. Se trata, en este aspecto global, de un 15,5% más de actos procesales. Del total de decretos del pasado ejercicio, 495 corresponden con terminación por archivo para ejecución; 98 por terminación por entrega de la posesión; 18 por terminación por enervación (evitar el acto de desahucio como tal); y 350 por otras causas.

No obstante, una cosa son los conflictos que puede producirse en función de los incumplimientos en los pagos de los alquileres y otra cosa diferentes es la 'okupación' que tanta alarma despierta. Y es que, según el Gobierno regional, aumentó un 10% en 2024, a partir de los datos del Ministerio de Vivienda, ya que pasó de 435 casos denunciados el año anterior a 479. Así, denuncian que ha crecido de forma alarmante el fenómeno de la 'inquiokupación', con el que hacen referencia a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler amparados por la ley y por los decretos antidesahucios.

El portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de la Región, Jerónimo Jover, sostiene que «lo que sí estamos detectando es que hay un incremento bastante alto de demandas por impago, de gente que pretende convertirse en okupa», es decir, personas con la condición de vulnerables «para dejar de abonar la renta e intentar acogerse a las medidas del Gobierno para tener pagados vivienda, luz, agua, gas», añade.

Por su parte, Barceló advierte de que el mayor repunte de la conflictividad se ve influido por diferentes motivos, entre los que cita, en primer lugar, que «no hay vivienda pública capaz de absorber las necesidades del mercado». En segundo lugar, la vivienda privada en alquiler (con un gran volumen cerradas) «tampoco es capaz de dar respuesta a las necesidades habitacionales». Y, como consecuencia, en tercer lugar, «trae consigo que la diferencia entre la demanda de vivienda en alquiler y la oferta está muy descompensada, lo que provoca que los precios adquieran el adjetivo de tensionados en un sentido máximo».

Consumur refleja también que las reclamaciones y quejas por arrendamientos «se han visto incrementadas en 2024» en sus servicios de atención, lo que se corresponde también con el propio efecto estadístico de la evolución al alza que ha habido en general a nivel judicial. Una evolución que, por otra parte, contrasta con la disminución de la litigiosidad a nivel nacional, donde disminuye un -5,14%.

Para Jover, «el problema es que, cuando a alguien se le declara vulnerable, ya no lleva una revisión; es decir, alguien que en un momento tiene un determinada situación familiar, con hijos menores, no puede pagar, le declaran vulnerable y, de repente, es como si le tocara la lotería, puesto que aunque vuelva a trabajar y ganar dinero sigue considerándose vulnerable». En este sentido, «lo que detectamos es mucha picaresca, lo que es bastante sangrante», ya que «gente que podría pagar, deja de hacerlo». Eso sí, aclara que «se da más de particular a particular», toda que vez los propietarios que trabajan con los agentes de la propiedad operan con la protección de los seguros.

En cualquier caso, el representante colegial de los intermediarios inmobiliarios aclara que, en «nuestro caso, normalmente los propietarios no suelen tener problemas porque solemos hacer un seguro de impagos. Entonces, quien reclama directamente es la compañía de los impagos, con lo cual nuestros clientes propietarios están tranquilos». Pero reconoce que «vemos que efectivamente está subiendo» el problema del pago del alquiler.

Y es que, hace hincapié en que se incrementan los impagos debido a que, dentro del marco normativo actual, «con las modificaciones de la ley de arrendamientos urbanos consideran consumidores únicamente a los compradores y a los inquilinos, cuando realmente en los alquileres el 98% de los propietarios son particulares, no son entidades ni sociedades».

Por último, advertir de que la entrada en vigor, mañana 3 de abril, de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá agilizar los desahucios en los casos de 'okupación', ya que conllevará juicio rápido penal en los allanamientos de morada y usurpación de vivienda.

El 82,17% de las resoluciones dictaminadas por los jueces en los más de 400 procedimientos por incumplimientos en los arrendamientos urbanos en la Región de Murcia durante el pasado año estimaron totalmente la demanda de los propietarios de los inmuebles. En concreto, en un total de 341 casos. Además, hay que añadir otros 27 donde hubo un dictamen a favor de manera parcial. Mientras que en 47 se desestimó la demanda presentada. Aunque hay que advertir de que los fallos favorables han decrecido en casi 4 puntos con respecto a 2023, cuando se situaban en un 86,02%.

Por lo que respecta al conjunto de España, el porcentaje de dictámenes estimados en su totalidad en favor del demandante alcanzó el 86,09% durante 2024, cuando en el año anterior se situaba en un 87,5%, registrándose también una tendencia de retroceso. Aunque, eso sí, lo hace de forma menos acusada.

En Consumur, insisten en las razones de la mayor litigiosidad por la evolución del precio del alquiler en los últimos diez años (2015-2024), que prácticamente se ha duplicado. Y, al cruzar ese dato con la subida media de salarios durante este mismo período (10%), deja un diferencial del 90% negativo.