Desahuciada una familia ucraniana en Murcia tras vivir 15 años en un piso alquilado

La madre, abuela y dos adolescentes se quedaron en la calle este lunes y la abogada defiende que el desalojo se ha hecho «incorrectamente»

Pilar Benito

Lunes, 31 de marzo 2025, 18:58 | Actualizado 19:23h.

«El sistema actual está perfectamente engranado para poder llevar a cabo desahucios dejando en situación de indefensión a los ocupantes de las viviendas». Son palabras de Joaquín Sánchez, el párroco y miembro de la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha lamentado el último desalojo ejecutado contra una familia ucraniana, compuesta por una madre, abuela y dos adolescentes, de 12 y 16 años, que residían en el piso desde hace casi 15 años, según los vecinos del barrio murciano de La Paz. La familia se queda en la calle porque no les renuevan el contrato de alquiler.

El desahucio se produjo en la mañana de este lunes, cuando el funcionario del juzgado de Primera Instancia número 11 de Murcia acudió a la avenida de la Fama, acompañado de agentes de la Policía Nacional, a realizar un «servicio común de ejecución» de sentencia firmado por la titular del tribunal.

«Nadie lo esperaba, ni siquiera los inquilinos, gente muy buena y trabajadora que estaba al día del pago del alquiler hasta que cambió de propietario y no tenían la nueva cuenta en la que seguir haciéndolo», subrayó Pedro Crespo, presidente de la asociación vecinal de La Paz, quien no dudó de que detrás de esta acción «hay un 'fondo buitre', que quiere recuperar la vivienda, porque pagaban un alquiler bajo».

El edificio pertenecía en su día al promotor inmobiliario José López Rejas, que tenía un proyecto para nuevas construcciones, tirando los edificios actuales, en el Polígono de La Paz. Pero este lo ha vendido a otra empresa inmobiliaria, que es la que inició el proceso de desahucio de esta familia.

«Esto es un drama, apenas les han dejado sacar sus pertenencias de la casa, porque, insisto, no esperaban lo que les veía, y tienen dentro documentación y dinero», añadió Crespo, quien indicó que se había puesto en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia para pedir ayuda para la familia, pero no obtuvo respuesta.

Por su parte, el cura Joaquín Sánchez, miembro y portavoz de la PAH, comentó que era el sistema tradicional que utilizan los 'fondos buitre': «Compran una vivienda barata y no se ponen en contacto con los inquilinos para darles la nueva cuenta bancaria en la que ingresar el alquiler; al cabo de unos meses, los demandan por impago».

Sánchez recordó que este mismo desahucio se paralizó gracias a la intervención de la plataforma hace dos años. «Lamentamos que la familia no se haya puesto en contacto con nosotros de nuevo para intentar evitar el desalojo, pero entendemos que en muchos de estos casos la vergüenza, el miedo e incluso la incredulidad de que finalmente les vayan a echar, les paraliza», apuntó.

Según el párroco, el desahucio es irreversible y explicó que mientras la madre, Liubov, encuentra otra vivienda, vivirán en casa de un familiar, «los cuatro en una habitación», aunque había propuestas de vecinos solidarios para quedarse con los menores durante unos días. Asimismo, la Plataforma se puso en contacto con la Asociación de ucranianos de Murcia «para ver qué se puede hacer por ellos».

Desalojo «incorrecto»

La afectada comentó que aunque había recibido un aviso del juzgado, no hizo nada porque su abogada le había comentado que tenían un mes para abandonarla a partir de que se le comunicara en persona. De hecho, la letrada que la representa, Yolanda Nahún Jiménez, de Newley Consulting, manifestó que el lanzamiento se ha hecho incorrectamente.

Argumentó que según instrucciones de la magistrada, en el punto 2 de la diligencia, el lanzamiento tenía que realizarse, «otorgando una prórroga de un mes, si la persona a desahuciar tenía certificado de empadronamiento, y se ha incumplido».

Textualmente, la diligencia indica: «Si la vivienda se halla ocupada por el demandado y constituye su vivienda habitual, se le requerirá en el acto para que desaloje dicha finca en el plazo de un mes, junto con las personas que con el convivan, con apercibimiento de ser lanzados en el caso de que no verifiquen voluntariamente el desalojo en dicho plazo.

Pero «en vez de prorrogar el mes, la familia monoparental ha sido lanzada (desalojada) por la fuerza, sin permitir recoger todos sus enseres personales», añade la abogada.