Indagan si el exjefe de los forenses se lucró con la red de los cadáveres

Estas empresas habrían empleado datos reservados y fotografías para contactar con familiares de los difuntos y conseguir que les contrataran para trasladar los cuerpos a sus países de origen: Argelia y Marruecos.

Según ha acreditado LA VERDAD, el juzgado adoptó esta decisión el pasado 20 de enero. Lo hizo a través de una resolución que da continuidad a una del 20 de septiembre, en la que instó a la Guardia Civil a realizar una «averiguación patrimonial completa» de el exjefe regional de los forenses y otras siete personas investigadas en estas diligencias penales.

En el auto de septiembre, el magistrado Raúl Sánchez Conesa señala indicios de que R. M. B. G. «asumía presuntamente, siendo aún director del IML de Murcia, pues sería nombrado asesor del Ministerio de Justicia meses después, la función de 'conseguidor' o 'facilitador' de información a la ONG referida para su posterior utilización por funerarias afines, que agilizarían la identificación de cadáveres para adjudicarse su repatriación con fines lucrativos y medios delictivos».

Este funcionario «habría actuado en beneficio de la citada ONG, sin saber con qué finalidad, así como con las funerarias a ella asociadas, tratando de 'convencer' a los responsables de otros IML del Estado, llegando a afirmar el propio investigado en uno de sus emails (1 de junio de 2021) que en Murcia son más 'irregulares'».

Según las diligencias, correos electrónicos apuntan a que el exdirector siguió «instrucciones» de la presidenta de la ONG Cipimd, M. A. C., «para que llevara a cabo gestiones e intermediara con otros directores de IML a fin de que 'colaborasen' con dicha ONG y aportasen información y fotografías, al margen de las autorizaciones judiciales preceptivas».

En concreto, «sin conocido amparo legal o justificación», el exdirector del IML «remitió fotografías de cadáveres completos, rostros incluidos, extraídos de atestados policiales a los que en principio, no debería tener acceso». Las imágenes se tomaron en salas de autopsias y la presidenta de la ONG usó las instantáneas y otros datos «con el propósito no de ayudar a las familias de los fallecidos de forma desinteresada sino de lucrarse mediante la entrega de esa información tan valiosa a funerarias cercanas, que presuntamente 'agradecerían' los servicios prestados mediante pagos en bizum o regalos varios».

El investigado, que cesó como asesor ministerial tras ser imputado y ejerce como médico forense del IML de Murcia, declinó dar su versión a este diario. Su abogado, Francisco Martínez Escribano, confirmó que ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial para que se anulen los cargos por falta de pruebas. Otras partes también han instado el archivo, entre ellas una funeraria de Huércal-Overa representada por el abogado Gonzalo Tormo. Y lo solicitarán dos empleados del IML de Cartagena, defendidos por el despacho Delacorte & Abogados; y otros investigados.