El instructor de la trama de los cadáveres da un ultimátum a una alto cargo de Justicia para ofrecer información del caso

En su escrito el magistrado explica que el pasado 16 de mayo firmó una providencia en la que exigía a esta alto cargo un informe y diversas diligencias relacionadas con el caso. El juez ordena que, al no constar la presentación de esa información, se reitere el «urgente cumplimiento» de esa resolución judicial y da un plazo de siete días para que se remita ese informe. El instructor pide, además, que, si no llega esa información, se libre un oficio a la Guardia Civil de Madrid para que lleve a cabo el requerimiento bajo apercibimiento de poder incurrir en un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad judicial.

El juzgado cartagenero también ha abierto la puerta a la posible vinculación de esta trama con una presunta red de tráfico de órganos, tal y como ya adelantó este diario. La Dirección General de la Policía ya informó al magistrado, a mediados de mayo, de que, por medio de Interpol, la Policía marroquí solicitó colaboración para conocer las actividades del marroquí Rachid S., supuesto cabecilla de la trama, en España. Los agentes del país vecino sospechan, al parecer, que este investigado puede estar relacionado con «el tráfico de órganos humanos».

En una providencia reciente el juez ordenó la exhumación del cadáver de un marroquí que falleció y fue enterrado en Cartagena «a fin de proceder a su análisis en relación a la petición de información de Interpol y Policía Nacional, por presunto delito de tráfico de órganos que pudiere haberse extendido de territorio marroquí al español». La fechada fijada fue el pasado 16 de julio en el cementerio Santa Lucía.

El instructor ordenó que estuvieran presentes tanto miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil como de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional. Citó, además, al forense que realizó en este caso el levantamiento del cuerpo para que determine «si el cadáver fue objeto de operaciones de extracción de órganos o bien utilizado para el transporte de objetos o mercancías prohibidas». Según precisaron fuentes cercanas al caso, nada de eso quedó confirmado.Según precisaron fuentes cercanas al caso, nada de eso quedó confirmado.

El instructor de este caso ha citado además a declarar, como investigado, al exdirector del Instituto de Medicina Legal (IML) en la Región y actual asesor del Ministerio de Justicia, Rafael Bañón. Este ya fue formalmente detenido y declaró como investigado ante la Guardia Civil el 25 de marzo, en Murcia, por su presunta implicación en la trama. El alto funcionario fue interrogado como presunto autor de un supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos. La Benemérita sospecha que conocía las actividades del supuesto líder de la red, Rachid S., y la difusión de fotos de cuerpos, pero no realizó «acciones tendentes a la denuncia de ilícitos penales». En su declaración, Bañón reconoció que supo de las fotos por una empleada de la ONG Cipimd y que avisó a empleados del IML de Cartagena para que llevaran cuidado con la realización de imágenes, pero descartó cualquier tipo de enriquecimiento a través de la trama. El juez ya dictó el sobreseimiento provisional de la causa respecto a la directora del IML de Cartagena.