La trama de los cadáveres de magrebíes «campó a sus anchas» en el Instituto de Medicina Legal

El Equipo de Policía Judicial de Cartagena informó recientemente este órgano judicial de que la «inacción» de las autoridades explica la captación en salas de autopsias de fotos de magrebíes fallecidos en pateras y su difusión. Las imágenes fueron usadas para presionar a familiares de los fallecidos para que contrataran a funerarias de la Región de Murcia y de Almería servicios de traslado de los cadáveres a Marruecos y Argelia, para su enterramiento.

Así lo aseguraron a LA VERDAD fuentes de toda solvencia, e indicaron que según la Benemérita las fotografías llegaron al «cabecilla» de la red, investigado también por el juzgado por presunto tráfico de órganos. Hay indicios que implican a empleados auxiliares de forensía, médicos forenses y personal del furgón judicial, de empresas funerarias y de Cipimd, ONG de Almería.

Las funerarias «dejaban sobres» con dinero «a fin de obtener informes preliminares de autopsias e información privilegiada de los auxiliares y del personal del furgón, a fin de adjudicarse la gestión administrativa de fallecidos», asegura la Guardia Civil, que desmanteló la red en marzo tras investigar a una veintena de personas en las citadas provincias y en Jaén. Técnicos del IML de Cartagena negaron ante el juez lazos con la red.

Como adelantó el domingo este diario, entre los investigados está el exdirector del IML en la Región de Murcia y actual asesor del Ministerio de Justicia Rafael Bañón. La Guardia Civil le interrogó por un presunto autor delito de omisión del deber de perseguir delitos, por no denunciar las actividades de la trama ni actuar ante el déficit de seguridad en el IML.

Según ha sabido este diario, Bañón es una de las seis personas detenidas y llamadas a declarar por los agentes en una segunda fase de su investigación. El resto son una médico forense del IML de Murcia, por irregularidades en el levantamiento del cadáver de un magrebí en Beniel; un médico natural de Líbano, por la expedición de falsos certificados de muerte natural; el dueño de una funeraria de Murcia, por ciertos pagos a auxiliares de forensía a cambio de informes preliminares de fallecidos; y dos funcionarios auxiliares del IML de Murcia (un hombre y una mujer), en lo referido a la falsificación de documentos y al cobro de 'mordidas'.