La Justicia ordena al Gobierno de Trump «facilitar» la vuelta del salvadoreño deportado «por error»

Kilmar Abrego García, de 29 años, residía de forma legal en Maryland y desde 2019 contaba con una protección contra la deportación, tras huir de su país natal por la violencia de las pandillas. Pero todo se torció el pasado mes de marzo cuando el joven fue uno de los más de 250 inmigrantes enviados a la prisión de CECOT acusados de pertenecer al Tren de Aragua y el MS-13, sin aportar pruebas. Los funcionarios de inmigración afirmaron estar al tanto de la protección y que su deportación se debió a un «error administrativo», que han tardado tres semanas en aceptar. Asimismo, los jueces han sentenciado que el Ejecutivo «no ha presentado ni la más mínima prueba que sustente su acusación infundada« de que Abrego perteneciera a alguna de estas pandillas.

El salvadoreño se ha convertido en un símbolo para los que denuncian la arbitrariedad en las deportaciones ordenadas por la Casa Blanca desde la vuelta de Trump. Ábrego es un trabajador de la industria metalúrgica y padre de familia que vivía tranquilamente con su esposa y sus tres hijos. Sus abogados aseguran que corre peligro de muerte en la megacárcel de El Salvador, donde se encuentran detenidos numerosos pandilleros. «Se encuentra en una prisión extranjera únicamente por orden de Estados Unidos, como producto de un error kafkiano. Lo enviaron al único país de los 195 del mundo al que tenían prohibido legalmente enviarlo».

A lo que se suma que el juez del caso ha dictaminado que la supuesta pertenencia a grupo criminal se basa en «una sola acusación sin fundamento». «La 'prueba' contra Abrego García consistía nada más que su gorra y sudadera de los Chicago Bulls», deslizó en el auto, «y una acusación vaga de un informante confidencial que afirmaba que pertenecía a la camarilla 'occidental' de la MS-13 en Nueva York, un lugar donde nunca ha vivido».

Según los documentos judiciales, nació en la capital San Salvador en el seno de una familia formada por un expolicía y una cocinera. Las pupusas -un plato típico del país que consiste en tortillas planas con mezclas humeantes de queso, frijoles o cerdo- eran el negocio familiar, en el que también trabaja Kilmar. Una pandilla local con el nombre de Barrio 18 amenazó con matarle a él y a su hermano y violar a sus hermanas, por lo que se acabaron mudando a Guatemala y el ahora recluso fue enviado a Estados Unidos.

Así, entró de forma ilegal en el país en 2011, a la edad de 16 años, y recaló en Maryland junto a su hermano César. Allí encontró trabajo en la construcción y cinco años más tarde conoció a Jennifer Vásquez, ciudadana estadounidense. Cuando esta se quedó embarazada, se mudó con ella y sus dos hijos al condado de Prince George, a las afueras de Washington D. C. Desde entonces había cuidado de su hijo de 5 años, con autismo, mudo y sordo de un oído, además de criar a los de su esposa, uno de 10 años con epilepsia y otro de 9 con autismo.

La acusación que ahora había acabado con su deportación tiene origen en 2019, cuando fue detenido mientras buscaba trabajo como obrero. Allí un testimonio de un informante confidencial de las autoridades le situaba como miembro del MS-13 en Nueva York, una ciudad que nunca había pisado.

Durante su arresto Abrego se casó con Jennifer y alegó un «temor bien fundado» de ser perseguido por las pandillas salvadoreñas, por lo que fue liberado y la Justicia le concedió protección para no ser deportado. Asimismo, obtuvo el permiso de trabajo, gracias al que encontró trabajo de aprendiz de metalúrgico y estudiaba en la Universidad de Maryland para obtener el título de oficial.

El 12 de marzo la apacible vida del joven se truncó en el parking de una tienda de Ikea en Baltimore, donde fue detenido en compañía de su hijo. Tras su arresto, fue interrogado sobre su participación en la banda MS-13, donde le mostraron una fotografía jugando a baloncesto en una cancha pública y cuestionaron las visitas de su familia a un restaurante de comida mexicana y salvadoreña. «Cuida a Pocoyito -su hijo- fueron sus últimas palabras», confesaba su esposa. «Repetía la verdad una y otra vez: que no pertenecía a ninguna pandilla», expresó Jennifer Vásquez, como al final la Justicia le ha dado la razón.

Aunque su mujer reconoció al hombre en un vídeo compartido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sobre la llegada de los presuntos pandilleros deportados por Trump y que habían sido recluidos en la megacárcel del país, este viernes el Gobierno estadounidense ha asegurado que desconoce su paradero y se ha negado a comunicar la situación del hombre expulsado por error a El Salvador.

«Estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿Dónde está?», preguntó la jueza Paula Xinis al inicio de una audiencia celebrada este viernes en Greenbelt, Maryland. El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, ha contestado que no tenía la respuesta: «No me han proporcionado esa información». «Hoy no hay pruebas de dónde está», ha remachado la magistrada a continuación, para a renglón seguido añadir : «Eso es extremadamente preocupante».