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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ayer la propuesta de condonación de parte de la deuda de las autonomías de ... régimen común que llevará hoy a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero. Evidenciando que la iniciativa parte del acuerdo alcanzado por el PSOE con ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Montero explicó la quita como una decisión de justicia por parte del Gobierno central respecto a las cargas financieras que las comunidades tuvieron que asumir a causa de la crisis desatada a nivel global a partir de 2007. Es poco creíble que el Ejecutivo tuviera entre sus planes compensar así a todas las autonomías, con excepción de las de régimen foral (País Vasco y Navarra), cuando tras las generales de julio de 2023 suscribió un pacto de condonación de la deuda catalana. La alambicada fórmula que la titular de Hacienda hizo pública ayer denota por sí misma que ha sido diseñada para responder a la contestación generada por las sucesivas reclamaciones y anuncios del independentismo. Aunque ayer una parte de este –Junts– optó por mostrar públicamente su descontento ante la quita concedida a Cataluña, insistiendo en que aquella autonomía necesitaría una de 73.000 millones. Al tiempo que Andalucía pasaría a ser la comunidad con una mayor deuda condonada.
La negativa de Feijóo a aceptar un remedo que alivia la situación financiera de las administraciones territoriales, pero que podría posponer durante todavía más tiempo la actualización del modelo de financiación autonómico, sitúa a las comunidades del PP en una difícil tesitura. Lo que sin duda busca también el Gobierno. Pero la conversión de la propuesta en un proyecto legislativo que cuente con la anuencia de las Cortes Generales está todavía por ver. Además, la singularidad reclamada por el independentismo catalán difícilmente puede compadecerse con la generalización de la quita a las autonomías de régimen común. Aunque la fórmula de distribución del monto total de 83.252 millones para el conjunto de las comunidades prime a Cataluña. Porque el soberanismo secesionista, hasta en su versión más gradualista, requiere de la distancia jurídico-política que su comunidad alcance respecto a todas las demás. Montero ha podido atenuar las críticas de desigualdad interterritorial que arreciaron en un primer momento. Pero la propia competencia entre Junts y ERC exigirá del Gobierno concesiones intransferibles a las demás comunidades.
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