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A. Rallo
Valencia
Martes, 22 de abril 2025, 14:40
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ... ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La instructora se ratifica en su tesis inicial después de la declaración de Pilar Bernabé como testigo durante más de siete horas que llevó a un par de acusaciones a exigir el cambio de su condición procesal.
La magistrada subraya que el Consell es «el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias». La misma idea que llevó a la imputación de Salomé Pradas y su número dos en la conselleria, Emilio Argüeso.
El contenido de la resolución supone también cuestionar la versión principal de estos dos investigados. De hecho, cree que el listado de llamadas aportado por Pradas y los WhatsApp de Argüeso prueban en qué Administración concurrió una «evidente pasividad frente a una situación gravísima». Los cruces de llamadas, «en los momentos en los que fueron atendidas» no llevaron «desgraciadamente» a que se tomara «ninguna decisión en el ámbito autonómico» para salvar a la población, cuenta Las Provincias.
La instructora incluso ironiza con la situación que se vivió en el Cecopi, «una especie de burbuja, aislada del mundo exterior». La reunión comenzó a las 17 horas. «Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la AEMET, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación, se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi». Esto último parece una contestación a la imagen que recientemente aportó Pradas sobre la sala donde se celebró la reunión. «Parece que nadie poseyera teléfonos y que los técnicos o no informaban o lo hacían mal», añade la instructora.
La jueza insiste en que la decisión de proteger a la población se demoró «mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos». En ese lapso, «las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala», sostiene en referencia a la reunión de Emergencias. «No les llegaba que ninguna información, ningún consejo acertado se les proporcionó y en la que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación». En este sentido, subraya con dureza la supuesta actuación de Argüeso. «Los barrancos están a punto de colapsar», escribió en un mensaje de WhatsApp el investigado Argüeso a las 14:44 horas, recoge el auto. La alarma se lanzaba a las 20:11 horas.
La jueza, por otra parte, ha dictado también este martes otros dos autos. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16,30 y las 23,59 horas del 29 de octubre. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.
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