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Un conflicto particular en el seno de la Cofradía Marraja calienta los prolegómenos de la Cuaresma cartagenera y adquiere dimensión pública al implicar al Ministerio de Inclusión, al Defensor del Pueblo y al Ayuntamiento de Cartagena. La sentencia del Tribunal Eclesiástico del Obispado de Cartagena que en primera instancia cerró la puerta a que dos mujeres vistieran el traje del tercio de granaderos marrajos, históricamente masculino, adelantada en octubre por LA VERDAD, tiene recorrido ahora en el ámbito político. Porque las afectadas se han apartado del procedimiento jurisdiccional para buscar el amparo del ministerio que dirige la socialista Elma Saiz y del órgano que tiene como representante a Ángel Gabilondo con el fin último de vestir los trajes de granaderos en las procesiones de Semana Santa.
El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena rechazó el pasado octubre un recurso interpuesto por una hermana de la Agrupación de Granaderos que denunció «vulneración del derecho al principio de igualdad» en la decisión de su agrupación y de la propia cofradía de impedir, a ella y a su hija menor de edad, formar parte del tercio de granaderos por su condición de mujeres. Su propuesta fue llevada a junta general –de la que forman parte hombres y mujeres– y «todos por unanimidad votaron y rechazaron, por motivos como el rigor histórico, la fuerza de la costumbre y el hecho de que, salvando contadas excepciones, siempre han desfilado varones y porque consideran que no hay discriminación». El fallo dejaba la puerta abierta a crear grupos femeninos en la agrupación, para dar cabida a mujeres.
Contra esa resolución cabía recurso ante tribunales eclesiásticos superiores. Pero las mujeres se han desviado a esferas administrativas para reclamar sus derechos. Ni el Ministerio ni el Defensor del Pueblo se han dirigido a la Cofradía Marraja para solicitar las oportunas explicaciones por las denuncias de sus hermanas, sino al Ayuntamiento de Cartagena porque éstas, implícitamente, piden en sus denuncias que la administración local deje sin subvenciones a la hermandad en cumplimiento de la ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Esta obliga a las administraciones públicas a actuar contra quienes incumplen criterios de igualdad.
En este caso, el Ayuntamiento ha pedido a la cofradía una respuesta a las peticiones de información de los organismos estatales. Y, según fuentes municipales, trasladarán lo que aleguen los marrajos. En cuanto al tema de subvenciones, recordaron que el Ayuntamiento concede una subvención anual a la Junta de Cofradías de Semana Santa, pero no a sus miembros de manera individual. Así que creen que no deben paralizar ayudas económicas mientras no haya un tribunal que ampare legalmente la postura de ambas mujeres.
En cuanto a la cofradía, además de recordar al Ministerio y al Defensor del Pueblo los criterios por los que el Tribunal Eclesiástico rechazó las demandas de la dos procesionistas, recordarán que las afectadas disponen aún de capacidad de recurso por la vía canónica, así como en la jurisdicción civil, para intentar que prosperen sus postulados. Mientras tanto, lo que ellas ven como un caso de discriminación sexista es para la Cofradía Marraja una situación de dos mujeres que pretenden integrarse a toda costa en un tercio históricamente masculino contra el criterio general del resto de la agrupación.
Según fuentes de la hermandad de Semana Santa, esta polémica está generando «gran malestar» en el seno de la Junta de Mesa por considerarla «estéril». Y causa división porque algunos de sus componentes se han alineado con las demandantes.
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