Sánchez no acudirá al debate de la cuestión de confianza de Junts

El debate de la iniciativa anunciada por Carles Puigdemont en diciembre a modo de ultimatum al Gobierno para que cumpla los compromisos pendientes tendrá lugar finalmente el próximo martes, aunque no se votará hasta el míercoles. En Junts ya habían advertido a los socialistas de que para evitar la visualización de su falta de mayoría parlamentaria tendrían que hacer algún anuncio de aquí a ese día. Y desde Moncloa se traslada que hay poco que hacer y que se toman el asunto «con deportividad». Pero no es la primera vez que el Ejecutivo traslada públicamente que no dará su brazo a torcer y se embarca después en conversaciones contra reloj con los independentistas para tratar de salvar los muebles.

El foco está puesto en la delegación a la Generalitat de las competencias sobre inmigración, prometidas por el Gobierno hace un año a cambio de que Junts no tumbara los primeros reales decretos leyes de la legislatura. Y el nudo gordiano lo conforman el control de las fronteras o la capacidad de resolver expedientes de expulsión de inmigrantes, que el Ejecutivo considera constitucionalmente indelegables, y la expedición de las tarjetas de identidad de los extranjeros. Pero los de Puigdemont también reclaman la intervención directa de Sánchez para hacer realidad la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

A expensas de lo que pueda ocurrir, los socialistas se afanan en construir un discurso que amortigüe un posible golpe. Dan por sentado que tanto el PP como Vox votarán a favor de la propuesta posconvergente, aunque estos dos partidos han evitado hasta ahora adelantar su posición y los de Santiago Abascal restan trascendencia a que el texto salga adelante, como intenta hacer el propio Ejecutivo, con el argumento de que no es más que «papel mojado»; y alegan que, después de haber visto cómo Junts tumbaba la senda de estabilidad presupuestaria, necesaria para la elaboración de los Presupuestos, o el real decreto ley ómnibus que, entre más de 80 medidas, incluía la revalorización de las pensiones, hay que saber relativizar y distinguir entre lo relevante –las leyes– y lo retórico.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, repitió ayer que, como ocurre con todas las proposiciones no de ley, la de Junts tampoco es «vinculante», algo que la propia formación independentista siempre ha asumido. El impacto del texto no es jurídico. Todo el mundo sabe que    no obliga al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, pero sí trasladaría un mensaje políticamente relevante. Serviría para escenificar que el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria.

Sin los votos de Junts, la legislatura colapsaría. Pero en el PSOE no creen que ese vaya a ser el escenario. Bolaños aseguró ayer que «el diálogo es continuo, cada día, cada hora», con el partido de Puigdemont y con el resto de fuerzas. Y apeló a la situación mundial y el golpe al tablero del presidente estadounidense Donald Trump como un factor a tener en cuenta.

«Estamos hablando continuamente con todos los grupos parlamentarios, como es la labor de un Gobierno como es el nuestro en minoría que necesita acuerdos con todos y con diferentes para que la legislatura avance, para que los derechos avancen y para que nuestra sociedad siga avanzando y siga a la vanguardia», enfatizó. «Sobre todo –remarcó especialmente–, en un contexto internacional como el actual tan inquietante».