El novio de Ayuso se niega a declarar a la espera de que la justicia decida si se amplía la causa contra él

La defensa de González Amador, que denunció que una declaración ahora sin conocer el alcance de todos los cargos hubiera supuesto una «vulneración del derecho de defensa» del empresario, garantizó, no obstante, que su cliente comparecerá de forma voluntaria en cuanto la Audiencia Provincial de Madrid falle si confirma las imputaciones también administración desleal y corrupción en los negocios. Se trata de dos ilícitos nuevos de carácter estrictamente penal, sin relación a los delitos contra la Hacienda Pública.

En este procedimiento González Amador -que está en el origen del encausamiento paralelo del fiscal general del Estado ante el Supremo- estaba llamado este lunes a responder de dos delitos de defraudación tributaria por valor de más de 350.000 euros relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

Según la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado de Inmaculada Iglesias el 5 de marzo de 2014 y en la que se recogían las conclusiones de dos años de investigación de la Agencia Tributaria, Alberto González Amador cometió dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. Hacienda sostiene que las compañías del empresario presentaron 15 facturas falsas (muchas de ellas por supuesto material sanitario vendido en la pandemia) por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros.

Pero el imputado decidió guardar silencio hasta que la Audiencia Provincial de Madrid zanje si avala o frena la decisión de la magistrada Iglesias el pasado octubre de abrir una pieza separada para investigar al empresario también por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. La jueza le imputa el presunto uso de una sociedad pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón, para quien González Amador trabajó durante años en asesoría sanitaria.

La instructora se basa a un informe de la Agencia Tributaria, donde se sitúa a la mercantil Masterman S.L. como una empresa pantalla utilizada presuntamente por la mercantil Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, «para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L», su pagador.

Las peticiones de la acusación popular, representada por PSOE y Mas Madrid, solicitaron en un escrito presentado el pasado 24 de junio la ampliación de la investigación, que fue recurrida por la defensa de Ayuso. El pasado 19 de febrero la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid comenzó a deliberar sobre si da luz verde a esta pieza separada, pero todavía no hay resolución.

En esta causa por el supuesto doble delito fiscal de González Amador está el origen del encausamiento del fiscal general del Estado. Fue la filtración de uno de los correos electrónicos de este procedimiento del abogado de González Amador a la prensa el pasado marzo la que ha acabado con la imputación en el Supremo, entre otros, de Álvaro García Ortiz.