La Comunidad dice que usará «todas las vías» para resarcirse del posible fraude en la desaladora

Sobre los Presupuestos de este año, que siguen sin aprobarse, el portavoz Marcos Ortuño defiende que no pueden ser «juguetes en manos de ningún partido político»

Lázaro Giménez

Jueves, 13 de febrero 2025, 12:04 | Actualizado 20:18h.

El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, se pronunció ayer tras la información publicada en exclusiva por LA VERDAD según la cual la Policía aprecia indicios de fraude en las ayudas públicas recibidas por la empresa concesionaria de la desaladora de Escombreras, Tedagua. «Si el dinero de un contrato con la administración pública ha sido utilizado de forma ilícita o fraudulenta por parte de una empresa privada, que caiga todo el paso de la ley sobre sus responsables», aseguró al respecto Ortuño en su comparecencia tras la reunión semanal del consejo de Gobierno. Preguntado sobre si el Ejecutivo regional se personará en esa causa como parte perjudicada, el consejero respondió que utilizarán «todas las vías necesarias para resarcir los daños o perjuicios que haya podido sufrir la Comunidad como consecuencia de las actuaciones».

A propósito de otra información adelantada por este periódico sobre la proposición de PP y Vox en la Asamblea Regional para reducir los límites del parque regional de Sierra Espuña y poder celebrar así la prueba automovilística del rally a La Santa, Ortuño remarcó que lo que se está haciendo es dar cumplimiento a una moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Totana, sin ningún voto en contra, y que «recoge el sentir mayoritario de los vecinos» de esa localidad. El consejero sí dijo estar sorprendido por la postura de «aquellos que votaron en el Pleno municipal esa iniciativa, delante de sus vecinos» y que ahora «se bajan del carro cuando llega a la Asamblea», en referencia al PSOE.

El portavoz del Ejecutivo también habló de los Presupuestos y las condiciones que viene sumando Vox en los últimos días para apoyar las cuentas de 2025: «Los Presupuestos no son un juguete en manos de ningún partido político», aseveró sobre esta cuestión de la que dice que «no se puede frivolizar» ya que se trata de la ley «más importante que sale de un Gobierno». «Hay muchos colectivos, entidades y proyectos cuya viabilidad depende de tener un Presupuesto», subrayó Ortuño. Una de esas exigencias pasa por eliminar las ayudas a sindicatos y patronal modificando en la Asamblea la Ley de Participación Institucional para la que han exigido el apoyo del PP y sobre la que Ortuño no ha aclarado cuál será la postura de su partido en la votación que se tendrá que llevar a cabo en el Parlamento autonómico.

Tampoco se pronunció sobre la propuesta de negociación trasladada por el PSOE, pero remarcó que el Gobierno quiere que haya Presupuesto en vigor y que su voluntad es «escuchar a todos los grupos políticos para alcanzar el mayor consenso posible».

Recursos para la financiación

Aquí criticó el retraso del Gobierno central en hacerles llegar a las comunidades el objetivo de déficit para 2025: «Si hubiera hecho los deberes, todo ese proceso se podría acelerar. Pero la voluntad del Ejecutivo regional, por supuesto, es que haya Presupuesto», según el portavoz.

El consejero se refirió también a la reunión de carácter técnico que el miércoles celebró el Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas y tras la cual los territorios del PP han vuelto a apremiar a abordar la reforma del sistema autonómico de financiación. «Necesitamos saber cuántos recursos existen para la reforma de ese sistema», según Ortuño, que recordó que, siendo la ministra María Jesús Montero consejera de Hacienda de Andalucía elevó esa cifra a 16.000. También demandó tener «una visión global y no parcial» de la reforma.

En cuanto a asuntos de política nacional, calificó de «trampantojo» y «engañifa» la subida del salario mínimo interprofesional, que por primera vez tributará para el IRPF: «Ellos lo suben, otros lo pagan y el Gobierno se queda con la mitad», criticó Ortuño.

También confirmó que el Ejecutivo murciano ha recurrido el auto del Tribunal Constitucional (TC) que ha decidido apartar al magistrado José María Macías de todos los recursos contra la ley de amnistía. Ortuño justificó que el motivo de este recurso «no es otro que la pretensión que tiene el Gobierno de España de politizar el Tribunal Constitucional». Fue el pasado 29 de enero cuando el TC extendió su decisión de apartar a Macías del debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo sobre la amnistía a todas las deliberaciones sobre los recursos presentados contra la ley por su «participación directa o indirecta» en dos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la norma cuando era vocal.

Personación en la causa judicial por los daños en el Coto Fortuna

El Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, se personará en la causa judicial abierta contra la empresa responsable de los daños ocasionados en parte del sitio histórico del Coto Fortuna, en Mazarrón, en el verano de 2021. La empresa sancionada, Agrícola Perichán, invadió entonces el perímetro de este Bien de Interés Cultural (BIC) y en sus maniobras se produjeron demoliciones de inmuebles que formaban parte del mismo. La Administración regional dejó en suspenso el proceso sancionador abierto en 2023 «a la espera del pronunciamiento penal por el juzgado», según la Consejería, que lleva a cabo actuaciones para la reparación del daño. La empresa agrícola siempre ha defendido que desconocía que invadía un entorno protegido.