Los regantes piden una revisión de la tarifa del Trasvase de cara al recorte de 2027

La previsión de no contar con en torno a 105 hectómetros cúbicos a partir de 2027 por el nuevo régimen de caudales ecológicos en el Tajo «multiplica los costes fijos que abonamos por menos agua», explica a este periódico Lucas Jiménez, presidente del Scrats. Los regantes deben abonar un canon anual sin variaciones de 13 millones de euros sin que afecte el agua que realmente utilizan del Trasvase.

La última tarifa aprobada en agosto de 2021 lleva a cada regante a pagar trece céntimos por metro cúbico, es decir, invierten cuatro veces menos en este recurso que por el agua desalada, pese a que esta tiene un precio subvencionado. Con el recorte a la vista, «va a salir más cara el agua del Tajo que la desalada», advierte Jiménez. Por ello, han pedido una actualización del precio si se consuma la reducción de volúmenes desde el Tajo.

La amortización del coste de las obras del Trasvase (del que ya han abonado los regantes más del 69%) y los gastos fijos de funcionamiento son cantidades que no sufren alteraciones y que deben satisfacer los usuarios con independencia del consumo que realicen. La Confederación Hidrográfica del Segura ya planteó el plan de cuenca vigente una nueva fórmula para «aminorar esos costes fijos» en función de los volúmenes trasvasados cada año, pero la idea «desapareció del real decreto que aprobaba los planes de cuenca en 2023», añade el líder de los regantes.

El Ministerio no dio detalles sobre cuándo prevé presentar las nuevas reglas de explotación de acueducto Tajo-Segura. Los regantes aventuraron hace unas semanas que para este primer trimestre del año esas nuevas normas de regulación del Trasvase se podrían llevar al Consejo Nacional del Agua. Respecto al agua desalada, la Dirección General del Agua sí trasladó a los regantes la última hora sobre la ampliación de la desaladora de Torrevieja y otras obras previstas en el Levante español.

El Scrats subraya que, en este asunto, tienen claro que en junio, como muy tarde, deben estar todos los proyectos relacionados con las desaladoras en fase de licitación. De lo contrario, no daría tiempo a ejecutar los fondos europeos Next Generation de los que se nutre el Ministerio para dimensionar las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, además de la interconexión de las plantas con los canales del postrasvase.

En caso de no llegar a tiempo, los regantes temen que el Ministerio repercuta el coste de esas obras en el regadío y el abastecimiento.

El Sindicato Central de Regantes trasladó al Ministerio durante la reunión su preocupación por el futuro de las concesiones de aguas subterráneas en acuíferos sobreexplotados. En dos años deberán cerrarse los pozos que se alimentan de estas masas de agua con problemas cuantitativos. «Ofrecimos voluntad de trabajo. Estamos preparando diversos informes económicos» sobre el impacto de reducir 212 hm3 de los bombeos subterráneos, comentó Jiménez, quien adelantó que el Scrats también está conformando un equipo de asesoramiento jurídico y técnico para los regantes que se encuentren afectados.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ya dejó claro durante el último Foro del Agua organizado por el Scrats y LA VERDAD que no habrá nuevas prórrogas para el uso de agua de acuíferos sobreexplotados.