El plan de choque para la Atención Primaria busca liberar a los médicos de burocracia

El Ministerio de Sanidad y los consejeros de las comunidades autónomas pactaron ayer la puesta en marcha de un plan de choque para desatascar y modernizar la Atención Primaria. El proyecto llega en un momento en que los centros de salud y las urgencias de proximidad de muchos territorios están saturadas, como lo demuestra que el tiempo medio para lograr una consulta con el médico de familia sea de casi nueve días en ocho de cada diez ocasiones en España, y que los ciudadanos le den a estos servicios las valoraciones más bajas del sistema sanitario público.

En la Región de Murcia, este plan nacional se suma a la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria (EMAP) de la Consejería. Ambos documentos presentan puntos en común, con el intento de desburocratizar y evitar la saturación de las consultas.

El plan nacional, que deberá ser ejecutado en los tres próximos años, incluye entre sus medidas más llamativas acciones para liberar a los médicos y enfermeros de parte de sus tareas burocráticas, para que cuenten con más tiempo para la que debería ser su labor primordial, la atención al paciente. Con este fin se creará una figura denominada «administrativo en salud», demandada por las autonomías y las sociedades científicas, que debería descargar a los sanitarios de buena parte del papeleo que hoy asumen y Sanidad insiste en poner en marcha la «autojustificación» de las bajas leves de menos de tres días.

La idea es dar una atención en salud más personalizada y cercana al paciente, con especial atención al aumento de enfermos crónicos y al envejecimiento de la población, asumiendo para ello algunas de las tareas que hoy en día solo se dispensan en centros de especialidades o en los servicios externos de los hospitales.

Una de las estrategias es la que denomina mejora de la capacidad resolutiva de la Atención Primaria. Para ello los centros de salud dispondrán de nuevos medios diagnósticos, para asumir algunas pruebas que hoy solo tienen los especializados, e incorporará a los equipos nuevos profesionales, como fisioterapeutas, nutricionistas, logopedas, terapeutas ocupacionales, podólogos u ópticos, entre otros, para abarcar más problemas de salud y evitar derivaciones innecesarias a especialistas. Al tiempo se ampliará la cartera de servicios con la atención bucodental a los colectivos más vulnerables.

Este capítulo, el que quiere elevar la eficiencia de los centros de salud, incluye otras dos medidas. Aumentar la Atención Primaria a domicilio, para facilitar la vida a los pacientes que siempre o en ocasiones tienen una escasa autonomía personal, y una gestión «integral» de la demanda, con la idea de que cada necesidad del ciudadano sea atendida en el momento adecuado por el profesional adecuado.

Otro de los elementos del plan es la adopción de medidas de gestión concretas para intentar que, en la medida de lo posible, el médico y los sanitarios que atienden a cada paciente sean el mismo equipo a lo largo de la vida mientras el enfermo así lo decida. Estudios científicos demuestran que la continuidad en la atención de los mismos profesionales reduce la necesidad de acudir a urgencias, las hospitalizaciones e incluso el riesgo de muerte. Como complemento a lo anterior, se tomarán medidas laborales para fidelizar el talento en cada centro y para que cada vez sean más los profesionales que deciden desarrollar su carrera sanitaria en la atención primaria.

El proyecto incluye otras cuatro grandes estrategias, reforzar la promoción comunitaria de la salud y la prevención de enfermedades, fortalecer la coordinación, la comunicación y la continuidad asistencial entre centros de salud y hospitales, para que el paciente sea controlado con menos desplazamientos, y potenciar la investigación en la atención primaria, para trasladar los hallazgos a la práctica clínica.

El proyecto, según la información del Ministerio, contará con un presupuesto propio para su ejecución, dinero que llegará a las autonomías a través de partidas y transferencias finalistas.

Este año tampoco habrá plan preventivo común para minimizar las epidemias de infecciones respiratorias de este invierno, especialmente por los virus de la gripe y la covid. El plan que el ministerio elaboraba desde el verano con técnicos de su departamento y de las autonomías se ha quedado en una mera recomendación porque los consejeros del PP, especialmente los Madrid y Castilla y León, se han negado a aprobarlo. Los aludidos dicen que no estaba bien hecho. Así, cada autonomía tendrá su propio plan en el que decidirá, por ejemplo, cuándo y dónde hay que usar mascarillas para frenar las olas de contagios.

A. Torices / J. P. Parra

Sanidad y las autonomías aprobaron también ayer el protocolo que indica cómo podrán los médicos ejercer la objeción de conciencia a realizar abortos. La regulación cumple un doble objetivo. Permite a los sanitarios ejercer su derecho, pero también busca acabar con el descontrol y las trabas que favorecen que en buena parte de las autonomías de este país los hospitales públicos no hagan interrupciones voluntarias del embarazo, que en el 80% de casos desvían a clínicas privadas y lo que muchas veces obliga a las mujeres a desplazarse a cientos de kilómetros de su casa. En la Región de Murcia, la sanidad pública no realizaba abortos antes de 2021. Desde entonces se practican de forma excepcional algunas intervenciones en La Arrixaca, por causas médicas, pero la inmensa mayoría se siguen derivando. «Ya hay protocolo, se acabaron las excusas» para no hacer abortos en la sanidad pública, dijo Mónica García.

El protocolo permite una objeción flexible y prácticamente a la carta, pero a cambio les obliga a que la ejerzan de forma anticipada, individual, expresa y por escrito. Cada autonomía tendrá su propio registro confidencial de objetores. Solo podrá ser consultado por quien gestiona en la sanidad de esa región los recursos humanos para realizar abortos, nunca podrá ser motivo de discriminación para los profesionales sanitarios y solo incluirá a los sanitarios directamente implicados en estas intervenciones que lo demanden: ginecólogos y obstetras, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas.

En la Región de Murcia, la Consejería puso en marcha un registro de objetores en 2023 (que ahora tendrá que adaptar). Desde entonces se han registrado solo 41 profesionales, de los que 39 son médicos «de diferentes especialidades».

Con el nuevo protocolo, la objeción podrá ser total o parcial, sin necesidad de motivación y los profesionales podrán variar su situación en el registro las veces que lo deseen. La objeción parcial exime de participar en abortos salvo en los supuestos que se aceptan explícitamente por el profesional.

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