La CHS aborda el nuevo plan de cuenca sin «ideas preconcebidas» y pide participar

La Confederación de Hidrográfica del Segura (CHS) aborda sin «ninguna idea preconcebida» la revisión del Plan Hidrológico de esta demarcación para el periodo 2028-2033 (el denominado cuarto ciclo), pero con un rumbo claro: garantizar el cumplimiento de la Ley de Aguas, que obliga a hacer «compatible» el buen estado de las masas de agua con unos usos sostenibles de este recurso. Y, entre otras cosas, eso pasa en el primer aspecto por analizar las situaciones de posible «sobreexplotación» de las aguas subterráneas y en el segundo por impulsar la desalación para usos agrícolas y de otro tipo.

Así lo manifestó este lunes el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHS, Jesús García, durante su intervención en el foro 'Horizonte 2027. Los retos del agua'. Y enfatizó que «el plan será lo que queramos todos que sea», para lo que la Confederación (que depende del Ministerio para la Transición Ecológica) espera «cuantas más aportaciones, mejor». En una cuenca con déficit estructural de agua es «aún más difícil» lograr los objetivos, pero «olvidarnos de la sostenibilidad sería lo sencillo», añadió García. Y recordó que los documentos de partida ya están accesibles en la web de la CHS para un periodo de seis meses, recordó García.

En alusión a las garantías de agua para la agricultura y otros usos, en el foro organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y LA VERDAD este responsable de la Confederación destacó que «el único recurso susceptible de ser movilizado al alza es el agua de mar, solo limitado por la capacidad de desalación» con las oportunas infraestructuras.

García, quien participó en una mesa redonda técnica, afirmó que la desalación «debe tener incidencia en los próximos años y la está teniendo ya». Y puso como ejemplo el uso mayoritario de este recurso en regadíos históricos de Águilas, Lorca y Puerto Lumbreras. También recordó que hay proyectos para aumentar la capacidad de producción de las plantas desalinizadoras, para interconectarlas y para dotarlas de energía solar fotovoltaica.

El talón de Aquiles de la cuenca, reconoció, es el Altiplano, donde la falta de infraestructuras plantea la «dificultad» de abordar la dotación de agua y atajar a la vez la mejora ambiental de los acuíferos. En cualquier caso, García hizo un llamamiento a la tranquilidad respecto a todas las áreas de la Región de Murcia y del resto de la cuenca, porque ni la directiva europea de aguas «obliga» ni el Plan Hidrológico prevé «cerrar acuíferos». Sí que está sobre la mesa «reducir las extracciones» si no se consiguen generar recursos para usos como el agrícola.

En este y en otros aspectos, resumió el jefe de Planificación de la CHS, «habrá que analizar si los objetivos» del actual plan «se están cumpliendo» y estudiar la posible adopción de medidas adicionales y de otras nuevas. En todo caso, hizo ver que el plan de acción sobre las aguas subterráneas y otros apartados del nuevo plan del Segura parten de la base de que la cuenca se ha acogido ya a dos prórrogas de la Unión Europea para alcanzar ciertos parámetros [uno de ellos es la reducción de la contaminación por nitratos].

En la mesa técnica, moderada por José Ángel Pérez Abellán, secretario general del Scrats, Carlos Menéndez, Juan Tomás García Bermejo, director de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas de la UPCT, sostuvo que la desalación «es un recurso imprescindible, pero complementario». Y apuntó como razonable que llegue al 50% de las aportaciones en la cuenca, cuando tenga «una fiabilidad no tan moderada como ahora» en cuanto a seguridad del abastecimiento y precios.

Se refirió a que la empresa estatal Acuamed aún debe ejecutar inversiones por 700 millones de euros. «Hace unos meses, un problema con una desaladora hizo que no se diera el suministro esperado», señaló el experto de la Universidad Politécnica de Cartagena. También apostó por incrementar «la capacidad técnica y personal» para aprovechar las aguas subterráneas, «uno de los recursos principales de este país». Y reclamó un plan hidrológico nacional.

Sobre el recorte del Trasvase Tajo-Segura, Carlos Menéndez, abogado especialista en Derecho Público y Ambiental, lamentó que el Ministerio no buscara una salida adecuada a la incompatibilidad entre la normativa del Acueducto y el Plan del Tajo, y entre este y el Plan del Segura, detectada por el Consejo de Estado.

Afirmó que «el caudal ecológico debe ser un medio, no un fin»; y que su fijación ni la establece la UE ni la detalló el Tribunal Supremo. A su juicio, «en el plan del Tajo no se han seguido las determinaciones» de su planificación, pues con sus datos se podrían haber implantado caudales inferiores». Eso habría aliviado el impacto en el Levante.

La visión empresarial la aportó Ana Hernández Buendía, directora de I+D+i en Grupo Hortofrutícola Paloma. «Los políticos deben darnos seguridad hídrica, para que lo transmitamos a los clientes, porque afecta a nuestra competitividad», solicitó. Y avisó sobre la «competencia desleal de terceros países», como Marruecos y Túnez, donde «no saben lo que es un caudal ecológico ni lo quieren saber»; y sobre la bajada del «rendimiento» agrícola por «las nuevas políticas agrícolas de la UE en temas fitosanitarios».

«En la Región practicamos la agricultura más tecnificada en el uso del agua», afirmó. Y habló del tomate y su «cultivo hidropónico con recirculación de los drenajes» y de la inversión en inteligencia artificial por parte de su compañía.

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