El CGPJ aún no baraja fecha para renovar las presidencias del TSJ y la Audiencia

Miguel Pasqual del Riquelme se colocó al frente de la magistratura murciana en la primavera del año 2015. Hasta entonces titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Murcia y juez decano en la capital, consiguió –con 12 votos de 21– encaramarse a un puesto que, en un principio, iba a ostentar un lustro pero del que ya lleva haciéndose cargo cerca de una década dada la situación de bloqueo del CGPJ que, hasta ahora, ha impedido abordar su renovación. Fuentes judiciales aseguran no contar todavía con un plazo concreto de cuándo podría producirse un nuevo nombramiento. Pasqual del Riquelme insistió, sin embargo, esta semana en que esta es una labor que el Poder Judicial, superado el bloqueo, debe afrontar cuanto antes. «Es una tarea que no admite demoras y que debe ser tomada, y así me consta que se hará, sin ninguna dilación», remarcó.

El actual presidente de TSJ no ha querido aún mostrar sus cartas y aclarar si optará a una reelección al frente de la magistratura murciana. A comienzos de verano, sin embargo, sí soltó alguna pista en una entrevista en Onda Regional, dejando entrever que podría optar a un nuevo mandato. «Esperamos que cuanto antes se active ese mecanismo de convocatoria de la plaza para el que podrán concurrir, o podremos concurrir, quienes estimemos de nuestro interés el aspirar en mi caso a una renovación, que es posible», espetó.

Otro de los puestos que debe renovarse en los próximos meses es el de la presidencia de la Audiencia Provincial, responsabilidad que asume de manera interina Miguel Ángel Larrosa. El nombramiento de Larrosa se produjo con una amplísima mayoría de sufragios en el seno del Pleno del Consejo. En concreto, con el respaldo de 17 de los 21 miembros del pleno del CGPJ.

Larrosa explica a LA VERDAD que no cuenta aún con una fecha en el calendario para la renovación del cargo que ocupa. Avanza que, en principio, sí tiene pensado concurrir para tratar de renovar su cargo. Su decisión dependerá, en todo caso, de si el Consejo les permite optar a un nuevo cargo de cinco años o si descuenta de ese periodo el tiempo que han estado ejerciendo el cargo en funciones.

La justicia murciana también tiene pendiente de colocar nuevo rostro en la plaza que el magistrado Enrique Quiñonero dejó vacante en la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ tras su jubilación en 2022. Ese puesto está reservado, según marca la ley, para un jurista «de reconocido prestigio y con más de 10 años de ejercicio profesional en la Comunidad» que debe ser elegido por el CGPJ de entre una terna de candidatos que la Asamblea ponga encima de la mesa. Por el momento, explicaron fuentes de la Asamblea regional, no hay ningún nombre en el aire y el Parlamento aguarda aún que el Consejo mueva ficha.

Fuentes del CGPJ consultadas por LA VERDAD aseguran no contar aún con un plazo para la renovación de estos importantes puestos. Para ello, debe convocarse aún públicamente la plaza –con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)– y los candidatos deberán entonces dar un paso al frente. Los aspirantes se someten, entonces, a entrevistas individuales con los miembros de la comisión de calificación del Consejo y finalmente el órgano de gobierno de los jueces celebra un pleno para lanzar la fumata blanca. La duración de este proceso, explican las fuentes, depende en gran medida del número de candidatos que aspiren a ocupar el puesto.

Para iniciar toda la renovación de estas vacantes, el CGPJ debe todavía elegir a su nueva comisión permanente. No es, además, descabellado pensar que el equipo comenzará su labor por la elección de los magistrados que deben cubrir los huecos que actualmente existen en el Tribunal Supremo. El CGPJ debe nombrar 27 magistrados en este órgano clave, incluidos los presidentes de tres de las cinco salas que lo componen. Todo apunta a que esa será la prioridad. Las presidencias de los TSJ o audiencias provinciales, al final, se encuentran cubiertas, aunque sea de forma interina.

El nuevo equipo del CGPJ, con una mayoría mínima de la izquierda, tiene por delante una ardua tarea de negociación, en la que los progresistas tratarán de recuperar un poder que no ostentan desde hace décadas. La justicia murciana, atenazada desde hace décadas por una elevada litigiosidad y unos tiempos de respuesta disparados, precisa, cuanto antes, poner al día sus órganos de gobierno para continuar adoptando decisiones que ayuden a la Administración a salir del atolladero.

La llegada de la magistrada Isabel Perelló a la cúpula del Poder Judicial supone un hito histórico y un impulso indudable para una igualdad que, durante muchas décadas, supuso una utopía en los pasillos de los juzgados. La murciana María Jover tuvo el arrojo en el año 1972 de iniciar una senda que ha sido recorrida en estas décadas por otras muchas mujeres. Esta magistrada, ya jubilada, fue la primera jueza de España y la primera mujer en ostentar la presidencia de una sección –la tercera– en la Audiencia Provincial de Murcia. «Yo empecé a ejercer en la provincia de Huesca y generó una sorpresa en los ciudadanos de la localidad. Cuando me veían pasar acudían a ver y llamaban a otros», relataba en una entrevista.

Cinco décadas después, las juezas copan a día de hoy el 49,7% de las plazas en los órganos de la Región, de acuerdo a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El porcentaje, aunque roza la paridad, se sitúa por debajo de la media nacional, que ya alcanza el 57,2%. Es más, Murcia es aún la única comunidad en la que el porcentaje de féminas no llega al 50% y la que arrastra aún unas cifras más bajas de representación femenina. Las mujeres, sin embargo, ya suponen siete de cada diez nuevos integrantes de la carrera.

Las féminas se han encaramado, además, a los órganos judiciales más elevados de la Comunidad, como la Audiencia. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no ha sido, sin embargo, ocupada aún por ninguna mujer. La magistrada Pilar Alonso lo intentó en 2015 pero fue descartada. Un grupo de magistrados del CGPJ denunció que, en esa decisión, había existido «discriminación de género». Alonso nunca se pronunció públicamente sobre esta cuestión, que sí peleó hasta el tribunal de Estrasburgo, sin lograr una victoria. «Intenté ser coherente por mí y por lo que significaba para la mujer en la justicia», explicó este verano en una entrevista con LA VERDAD con motivo de su jubilación.